Gracias a la movilización que el pueblo de San carlos realizara en la Terminal de ómnibus de Eugenio Bustos el 4 de setiembre de 2005, la legislatura mendocina el día 7 de ese mes dictó la Ley 7422.
Pero en la actualidad debido a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejército Argentino ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta dicta una norma de NO INNOVAR. Esto significa que la ley está vigente pero que no se puede aplicar. Por lo tanto en cualquier momento una empresa minera puede solicitar el permiso para realizar una explotación.
El Ejército Argentino mantiene frenada la extensión del área natural protegida Laguna del Diamante con un recurso de inconstitucionalidad, ya que gran parte de esos terrenos le pertenecen y no quieren ceder sus derechos sobre ellos.
El objetivo era cuidar la flora y la fauna y el agua de una de las principales reservas de Mendoza, pero hasta ahora la pulseada la vienen ganando los uniformados en detrimento de los ambientalistas.
La ley aprobada por la legislatura de Mendoza en septiembre de 2005 prohibía cualquier tipo de actividad minera que pueda afectar la zona y sus recursos hídricos. El objetivo fue proteger la flora, fauna, paisaje, humedales, glaciares y material arqueológico y paleontológico y conservar las fuentes de agua que irrigan el oasis productivo del Valle de Uco.
La medida fue una victoria para el pueblo de San Carlos, que por esos años iniciaba una férrea lucha por evitar la instalación de emprendimientos mineros contaminantes -en ese momento había unos 60 pedidos de cateo minero (estudio superficial de la zona) otorgados por el Ejecutivo.
Una vez sancionada la ley, el Ejército Argentino presentó una acción de inconstitucionalidad sobre un 50% de esas 160.000 hectáreas, porque entienden que “afecta terrenos que son de ellos y les impediría cumplir los objetivos militares que tienen en ese lugar”, explicó Guillermo Guillot, jefe de la asesoría letrada de la Dirección de Recursos Naturales.
Los terrenos pertenecen a la Nación, pero fueron cedidos al Ejército. Se trata de un área no utilizada del Ministerio de Defensa que es estratégica porque limita con la cordillera chilena. Un sector, además, pertenece a un abogado mendocino –que quiere crear en su terreno una reserva natural- y otro tanto pertenece a la empresa minera Sominar.
En marzo de 2007 la Suprema Corte falló a favor del Ejército con una medida de no innovar hasta tanto profundizaran el estudio del problema y se produjera un fallo. Pero esta noticia se mantuvo oculta hasta hace unos pocos días salió a la luz. ¿Por qué se la mantuvo oculta?
El tema quedó congelado hasta fines de 2009 cuando la Provincia presentó una propuesta de compatibilización. “Buscamos resolver el conflicto legal de forma amistosa. Es una propuesta superadora para que podamos trabajar en un concepto ambiental en conjunto”, explicó Daniel Gómez, titular de Recursos Naturales. A un acuerdo similar se llegó con esa fuerza con otra área protegida de Tupungato y sentó un precedente que el Ejecutivo espera se repita en este caso.
Tanto Gómez como el jefe de la cartera de Ambiente, Guillermo Carmona, fueron enfáticos al decir que “hay una excelente colaboración con el Ejército Argentino”, a pesar del enfrentamiento legal. “No nos interesa quedarnos con tierras del Ejército, pero sí nos interesa la conservación de algunos lugares importantes como mallines y vertientes por eso queremos trabajar juntos hasta que la Justicia se expida o que nos convoquen con una propuesta que tengan”, explicó Gómez.
El tamaño de la reserva original – que fue creada en 1994 mediante la ley 6.200- se multiplicó seis veces tras la aprobación de la ley 7.422 en 2005, dejando dentro del área protegida a las nacientes y las cuencas superiores de los arroyos Rosario, Yaucha y Papagayos.
Sin embargo, esos terrenos no están loteados o separados por un cierre perimetral. Esta situación provocó que Sominar y el Ejército se pusieran en pie de guerra durante el verano de 2010 cuando creyeron que la Secretaría de Ambiente quería construir en sus terrenos . En realidad, la idea era construir baños en el área protegida original. “Fue un malentendido, lo explicamos y pudimos hacer la construcción”, explicó Gómez.
Fuente: mendozacontaminada.blogspot.com
